(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
El pasado martes, el gobernador Héctor Astudillo Flores presidió
la cuarta sesión ordinaria
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde los alcaldes de Chilpancingo,
Acapulco, Zihuatanejo de Azueta, Taxco, Iguala y Chilapa, firmaron los
convenios presupuestales que manda la Federación en materia de seguridad para
los ayuntamientos, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
(FASP) y del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
Estamos hablando de 212 millones de pesos adicionales que
los municipios citados recibirán para, entre otras cosas, “fomentar el
desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de
políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la
delincuencia, con participación ciudadana, en temas de seguridad pública”.
También se incluye el desarrollo, profesionalización y certificación policial,
así como la adquisición de tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo
a la operación policial.
Para enterarnos un poco acerca de estos dos fondos de
seguridad, hay que notar que el FASP es una partida que diseña la Federación en
el presupuesto de egresos federal cada año, para distribuirse entre las 32
entidades federativas, con base en fórmulas matemáticas en la que se toman en
cuenta el territorio, la población, la tasa de delitos y el tipo de estos, así
como el número de personas que entran en delincuencia en cada periodo. Estas
variables las dicta y las supervisa el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Este año, por ejemplo, se etiquetaron 7 mil 210 millones de
pesos, de los cuales 212 millones 278 mil 138 pesos, le corresponden a Guerrero.
La cantidad descrita es inferior a lo que se transfirió para
Guerrero en 2018, y que fue de 223 millones 89 mil 743, de un presupuesto
global de 7 mil millones de pesos.
Una vez en la entidad, estos recursos son desplazados a los
puntos más críticos, y que en el caso de Guerrero son las ciudades de Chilpancingo,
Chilapa, Iguala, Zihuatanejo, Taxco y por supuesto Acapulco.
Sin embargo, estudios a nivel nacional revelan que este
dinero que reciben los ayuntamientos de manera adicional, en ocasiones son
subutilizados, porque los mecanismos de coordinación son deficientes.
Pero también se reportan falta de controles en el ejercicio
del gasto en las entidades federativas que permite los desvíos de recursos.
A nivel nacional, los recursos del FASP parecen excesivos,
pero expuestos al dilema nacional de inseguridad, son una bicoca.
¿Por qué las dificultades? Porque se trata de recursos que
vienen etiquetados para programas diversos, por lo menos diez que son prioridad
nacional. Para cumplir metas, la Federación transfiere los recursos a los
estados y de ahí a los municipios, pero hay problemas en la coordinación y los
resultados no son nada halagadores.
Por ejemplo, del total del FASP de 2013 a 2017, los estados
con mayor subejercicio son Veracruz, con 568.3 millones de pesos; Michoacán,
que no gastó 320.9 millones; y Guerrero con 147.4 millones, estados todos que
se encuentran enfrentando graves crisis de inseguridad.
Los programas prioritarios son Infraestructura y
Equipamiento; Desarrollo y Certificación; Prevención Social; Sistema
Penitenciario, Justicia para Adolescentes; Búsqueda de Personas.
La queja en los estados es que cada uno de estos programas
viene con recursos ya etiquetados; es decir, se determina desde la Federación
cuánto se debe gastar en qué cosa, y ahí estriba el problemón.
Fuentes oficiales indican que el proceso de concertación de
los recursos del FASP entre el SESNSP, las oficinas del Secretariado Ejecutivo
en los estados, las Secretarías de Finanzas estatales, las Secretarías de
Seguridad Pública o las Fiscalías no es lo suficientemente ágil para generar
los anexos técnicos, sin los cuales no es posible realizar el ejercicio de los
recursos del Fondo.
Esto se debe a que los estados deben reprogramar los
recursos muchos meses después de la concertación para ajustar los montos a sus
necesidades. En algunos casos, los anexos técnicos están listos en el último
trimestre del año, lo que imposibilita un ejercicio eficiente y eficaz para satisfacer
los objetivos del FASP.
Por este enredo, los estados prefieren regresar el dinero a
la Federación, en lugar de prepararse con los expedientes correspondientes, que
permitan un ejercicio de recursos normal.
Y si nos referimos a los municipios, es peor, pues los
ayuntamientos carecen de personal especializado en el manejo de este tipo de
programas.
Vale la pena, por lo tanto, que comiencen a afinarse estos
detalles para que los recursos del FASP se aprovechen al máximo, y que no
resulte lo que hasta ahora: que son dineros que van a un barril sin fondo.
