Con una ventaja de dos puntos ganó Sección sobre Mentiritas

El baloncesto de la Liga Ademeba, se encuentra en la cúspide del deporte ráfaga, luego del triunfo de Sección 33-31 sobre Deportivo Mentiritas.

Las jugadoras de ambas escuadras se entregaron en todo el juego y elaboraron sus encestes.

Mentiritas, no tuvo un buen arranque y cedió terreno al cuadro gris de Sección.

En el duelo se presentaron atractivos  encestes por parte de las basquetbolistas.

Los primeros dos cuartos fueron ganados por Sección, el cual no permitió el crecimiento de su adversario en turno.

Deportivo Mentiritas, favoreció con la puntuación en el tercer episodio del encuentro.

Sección tuvo un cierre de manera increíble para asegurar la victoria, en la jornada 9 del presente campeonato de la Liga Ademeba Zihuatanejo.

Casi lista la cancha de la Capellanía

CHILPANCINGO. Alrededor de 3 meses llevan los trabajos en la cancha del fraccionamiento Capellanía, se está realizando la remodelación total del terreno de juego, haciendo la instalación de pasto sintético.

Actualmente se puede observar los avances en la obra, el pasto está cubriendo ya casi la totalidad de la cancha, se trabaja a marchas forzadas para que pueda dar inicio la liga y regresen a las actividades las decenas de futbolistas. Se espera que la obra esté terminada en menos de un mes y así reanudar los encuentros futbolísticos en esta cancha de la Capellanía.

Betón se lleva los 3 puntos

CHILPANCINGO. El pasado domingo se llevó a cabo el encuentro de la liga de los Galeana, en la cancha de los Hermanos Galeana, duelo donde se enfrentaban la escuadra de IUSA FC contra el combinado de Betón.

Encuentro disputado en media cancha y con llegadas de ambos equipos, pero la pelota no quería entrar.

El partido siguió su ritmo y ambas escuadras buscaban el triunfo, pero fue deportivo Betón quien se hiciera de los 3 puntos al llevarse la victoria por marcador de 1-0.

ESTRICTAMENTE PERSONAL

Andrés Manuel como Trump

Raymundo Riva Palacio

La relación de los medios de comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es cada vez más difícil. Se esperaba sus conferencias de prensa mañaneras iban a ser un instrumento útil, donde transmitiría un mensaje sin intermediarios a sus gobernados y, al alimón, respondería las dudas de quienes procesan, ordenan, contextualizan y jerarquizan sus declaraciones, los medios de comunicación. Las cosas no han salido como se esperaba, quizás más frustrante y decepcionante para los medios que para él -quien finalmente cumple el objetivo de ocupar la mayoría de los espacios la mayoría del tiempo-, aunque en la última semana el presidente mostró señales de molestia con periodistas y subió el tono de sus insultos.

Varios periodistas lo han confrontado por la forma como estigmatiza y polariza a los medios, utilizando como peyorativo el calificativo de “fifís” y “conservadores”, y cada vez los medios le exigen respuestas a sus preguntas, no evasivas ni ataques. Las cosas apuntan a que empeorarán. Las advertencias sobre la polarización que crea el discurso del presidente contra medios y periodistas -algunos de los cuales identifica por nombre-, reflejo de su mecha corta y su carácter excluyente contra quien no esté incondicionalmente con él, van creciendo. Él se defiende: es su derecho de réplica.

La semana pasada el periodista Ciro Gómez Leyva, abrió un debate en Radio Fórmula, donde varios abogados hablaron sobre este derecho. Dos posiciones reflejan la complejidad del tema. Por un lado, Fernando Gómez Mont, ex secretario de Gobernación, dijo que el presidente sí tiene derecho a la libertad de expresión, como reclama López Obrador, pero en momentos y espacios donde sea ciudadano y no en un marco institucional -como las mañaneras-, aunque en ningún espacio está facultado para dañar la moral de terceros. Daniel Cabeza de Vaca, ex procurador general, afirmó que el presidente tiene la obligación moral de hacerlo “en este nueva dinámica” que vive nuestra sociedad.

Una tercera visión que cabe, a partir de un concepto asimilado en el mundo pero poco debatido en México -de ahí la falta de bibliografía sobre el tema-, es que el presidente no tiene los mismos derechos que un ciudadano, en donde entran por definición los periodistas, más allá de la función social que realizan. Robert Sharp, un activista por la libertad de expresión en el capítulo inglés de PEN, una organización internacional de escritores, escribió en diciembre de 2016 sobre el presidente Donald Trump, que si bien la protección de la Primera Enmienda lo ampara, las restricciones sobre la libertad de expresión para un presidente son distintas a la de los ciudadanos. 

Un caso básico es sobre los límites de la libertad. Si un ciudadano sin cargo público incita a la violencia, lo que es un delito, puede ser detenido y llevado ante la justicia, pero la policía no puede aprehender al presidente, ni un juez procesarlo. “La libertad de expresión del presidente está constreñida a las realidades de la política”, apuntó Sharp. “La mayoría de los políticos están constreñidos por la cortesía y por aquellas políticas que se consideren aceptables por el electorado”. Esta línea, ciertamente, es muy tenue por la subjetividad que implica, y por el tipo de formación del político. El presidente Barack Obama, recordó Sharp, se contuvo varias veces de hablar lo que pensaba para no ofender a un grupo de ciudadanos, lo que Trump, que no es político y que busca la controversia para elevar la atención en el tema que le interesa, no está acotado por esta consideración política. López Obrador se encuentra en esta categoría. 

Es un presidente al que los parámetros de la Presidencia, el gobierno y las instituciones le estorban para gobernar, y su interacción con los medios y periodistas, cuando no se trata de utilizarlos como vehículos de propaganda, se convierten en un obstáculo enfadoso. Trump ha sido consistente en su hostilidad hacia los medios. En un artículo publicado en el portal del Poynter Institute en enero de 2018, Indira A.R. Laksmanan, recordó que ningún presidente disfruta la mirada crítica de los medios. “Pero ningún presidente antes de Trump se había enfrascado en una guerra con la prensa como esta, refiriéndose despectivamente de los periodistas como ‘mentirosos’, ‘vendedores de falsedades’ y ‘enemigos del pueblo’.” 

Trump no ha agumentado, como López Obrador, el derecho de réplica. En una sociedad madura, el jefe de la Casa Blanca sería severamente criticado y puesto en la frontera de violaciones constitucionales. En México es distinto. El derecho de réplica del presidente, sea López Obrador o no, se puede dar dentro de los límites de la ley cuando un medio o un periodista dañen su reputación y fama pública como individuo, por ejemplo, con difamaciones o calumnias, o se entrometan en su vida privada. Pero cuando la crítica es sobre acciones y decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto, sobre los abusos y excesos de poder, ese derecho -que no lo limita a responder con datos y argumentos- queda limitado al no ser equitativo.

Todas las mañanas tiene un atril para lanzar infundios contra los medios y periodistas, con una exposición nacional que amplifica la forma como los mancilla con impunidad porque nadie mas tiene el mismo espacio para replicarlo.La libertad de expresión del presidente no contempla la provisión para denigrar a los medios, ni estimular con sus palabras linchamientos. Se puede argumentar que está en los linderos de violar la Constitución, que señala que “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas”, y de manera indirecta, por intimidaciòn, rompe la línea de la legalidad al empujar la previa censura. La regresión de las libertades es real.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

Editorial

La pugna sobre el trabajo docente

El centro de la reforma al artículo 3º de la Constitución vuelve a ser el carácter del trabajo docente. Este tema oscurece el debate más general sobre el sistema educativo. Por ello, es preciso concluirlo pronto.

El punto es cómo se organiza el ingreso y la promoción a la carrera magisterial. La reforma de Peña Nieto montó un aparato de inspección, premiación y sanción sobre cada maestro y maestra. No era un sistema para evaluar colectivos y reformar contenidos y métodos, como se dijo, sino de reestructuración administrativa para aplicar una típica receta neoliberal basada en la competencia individual, con el máximo esfuerzo, para obtener mayor utilidad.

La nueva reforma que se procesa en el Congreso postula que el ingreso, la promoción y el reconocimiento de los maestros y directivos se base en procesos de selección marcados por la ley sin que éstos se encuentren vinculados a la permanencia de los maestros y maestras en el empleo. Es decir, que la legislación no sea punitiva ni el sistema sea vertical.

La cuestión consiste entonces en que los sindicatos no podrían proponer candidatos a ingresar a la docencia o a desempeñar puestos de dirección y de supervisión. Se crearía, por tanto, un derecho académico-profesional, paralelo a los derechos laborales. Desde luego que va a existir un cruce conflictivo entre ambos derechos, como ocurre en las universidades autónomas, pero no es aceptable seguir con la gremialización de la academia, mucho menos cuando predomina un sindicalismo corrompido.

Las instituciones de enseñanza superior no han estado a salvo de burocracias académicas que administran el ingreso y la definitividad de profesores e investigadores, pero al menos no se advierte un comercio de plazas como el que se produjo en el sistema educativo básico.

Crear una nueva ley para definir las instancias y procedimientos de ingreso, promoción y reconocimiento alcanzaría justificación plena sólo si se incorpora la participación de los maestros y maestras, es decir, si se construye un sistema democrático y horizontal. Como instancia burocrática, al estilo de la reforma de Peña Nieto, la carrera docente estaría destinada a ser de nuevo totalmente instrumental, sin relación sustantiva con el proceso educativo visto en su conjunto.

La CNTE tiene razón en temer que con una nueva ley se siga sin incorporar al magisterio en los diversos procesos de selección. No hay, por el momento, manera de convencer a esa organización sindical, o a cualquier otra, que se trata de lograr que los educadores como tales vayan reasumiendo la función propiamente educativa y propiciar que los sindicatos ejerzan bien su carácter de organizaciones democráticas de defensa laboral.

En otras palabras, no es aceptable que una burocracia política controle el sistema de ingreso y promoción, pero tampoco se puede consentir que los líderes sindicales –la otra burocracia— sigan gremializando el sistema educativo nacional.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

La marabunta de migrantes cubanos y centroamericanos, la más grande de todas las caravanas que se hayan registrado en América, es una preocupación para los ciudadanos de este país, pero sobre todo para el gobierno de los Estados Unidos, al grado de que el presidente Donald Trump incluso ya amenazó con bloquear a México por la vía económica si no detiene a los migrantes.

Los migrantes no vienen juntos, sino que viajan en grupos pequeños, de mil a dos mil personas, y se componen de hombres, mujeres y niños.

Ya se sabía de la organización de esta caravana desde inicios del mes de marzo. Incluso el gobierno de México anunció que se estaba organizando lo que sería conocido como “la caravana madre” de migrantes centroamericanos, que inicialmente buscarían llegar a los Estados Unidos por territorio mexicano.

Al paso de los días se comenzaron a dispersar las noticias por las redes, del avance de los grupos, uno de los cuales llegó este fin de semana al sur de Chiapas.

La semana pasada, ante el avance de cubanos y centroamericanos rumbo a la frontera sur de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que dar su postura al respecto, sobre todo por las amenazas de Donald Trump, a quien no le ha querido contestar directamente, sino que sólo ha afirmado que cada país tiene sus políticas y leyes, y que deben ser respetadas.

Pero Trump no se traga este cuento, y para eso es que tiene al gobierno de México al sur de su frontera, la más larga y porosa del mundo, para que le sostenga a raya a los migrantes centroamericanos.

De no hacerlo, dijo Donald, cerraría la frontera con México y también cerraría las fuentes de recursos. La amenaza no fue velada, fue clara. Estados Unidos quiere que México le sirva de policía migratoria porque sencillamente no quiere lidiar con su realidad como imperio, que por consumir los recursos de los países periféricos, en estos hay una terrible pobreza que no se solucionará cambiando presidentes –como pretenden hacerlo en Venezuela-, sino modificando sus políticas económicas globales.

Para los mexicanos, sin embargo, la nueva caravana es una verdadera preocupación, por todo lo que implica. Todos los países que son ruta o destino de migrantes, saben de lo que estamos hablando, porque la experiencia dicta que las migraciones masivas son incluso provocadas por poderes fácticos –en este caso terroristas, tratantes de personas y narcotraficantes. Es decir, que en medio de familias que están huyendo de la extrema pobreza de Honduras y países vecinos, viene camuflada gente que no viene con buenas intenciones.

Estados Unidos tiene razón en pedir que México actúe, porque de todos modos dependemos de ellos, y cuando al país vecino le da un catarrito, a nuestro país le da una neumonía.

Nada de lo que pudiera sucederle a Estados Unidos en materia de terrorismo nos es ajeno, sobre todo porque millones de mexicanos están en el vecino país, algunos de manera legal, otros ilegalmente.

¿Pero qué dijo el presidente López Obrador con relación a la caravana? Pues, nada, que aquí habría suficientes puestos de empleos para recibirlos, y puso de ejemplo la obra del Tren Maya, donde se necesitará la fuerza de más de 300 mil obreros. El mandatario dijo que no serían expulsados, pero únicamente ofreció que todo se hiciera de manera ordenada y con respeto al Estado de Derecho. ¿De veras? Éramos muchos y parió la abuela.

Cierto que no será la primera vez que México reciba migrantes en calidad de refugiados, pues nuestro país siempre se ha distinguido por ser una nación de refugio para todo tipo de perseguidos políticos. Desde los españoles que migraron cuando la dictadura de Francisco Franco, los judíos, así como la gente de Sudamérica que llegó escapando de la Operación Cóndor, fraguada por las fuerzas militares de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela –obviamente con el apoyo de los Estados Unidos-, en lo que fue la decena trágica de un Terrorismo de Estado, dirigido desde Washington por Henry Kissinger.

Pero una cosa es que lleguen personas que vienen huyendo de la persecución de sus gobiernos, pero que tienen alguna formación profesional, y otra que lleguen a este país miles de familias que vienen huyendo del hambre provocada precisamente por los regímenes que Estados Unidos ha ayudado a sostener, porque así conviene a sus intereses. Tal es el caso, que como en Venezuela no le conviene que exista un gobierno “no alineado”, entonces el gran imperio le está dando total apoyo al opositor Guaidó, para derrocar a Nicolás Maduro. Pero nada tiene que ver con la democracia, sino que están de por medio, ya decíamos, los yacimientos de petróleo más grandes de América, así como vetas de diamantes que son la delicia de cualquier gobierno cuya economía se alimenta de las guerras, del narcotráfico y, en general, de todo lo ilegal.

El reto de los migrantes no es cualquier cosa. Es un arma de doble filo que AMLO debe manejar con mucha cautela. De pronto, su gobierno queda en medio del sándwich.

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