Día: 29 marzo, 2019

IRZA

CHILPANCINGO. Roberta Campos Adame, ex consejera de la PC de la CRAC “Mi Patria es Primero” de Tixtla, afirmó que solicitaron -a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)-, medidas cautelares para Gonzalo Molina González y su familia, pero que la Secretaría de Gobernación, no las concedió.

Recordó que el líder de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina, hace un mes fue puesto en libertad de la cárcel y por presuntas amenazas del crimen organizado salió huyendo de Guerrero, por lo que solicitaron esas medidas cautelares.

Refirió que el pasado martes en la noche, tras participar en una marcha con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, fue privado de su libertad junto con sus dos hijos y su yerno, en la Ciudad de México.

Contó que durante la marcha, Gonzalo Molina recibió amenazas de una mujer que a la que identificó como Yazmín, alías “La Norteña”, quien -dijo- pertenece al grupo delictivo de “Los Viagras” que tienen el control en las localidades de Tierra Colorada y El Ocotito, en esta zona Centro del estado.

Roberta Campos añadió que en la marcha detectaron a un sujeto que le tomó fotografías y que incluso intentó ingresar al edificio en el que Gonzalo Molina y otros compañeros entraron en busca de los sanitarios, pero que no se lo permitieron algunos activistas.

Sostuvo que decidieron llevarlos a un lugar seguro, luego de que, cuando se dirigían a un domicilio, observaron a otra persona que al parecer los filmaba, y que al cuestionarlo les aseguró que estaba en busca de un departamento.

Indicó que cuando los llevaban a ese lugar a bordo de un taxi “seguro”, tuvieron dos conversaciones telefónicas, pero que luego -a unas cinco cuadras a donde se dirigían, perdieron el contacto, y señaló que eso ocurrió alrededor de las 22:00 horas, del martes.

Roberta Campos afirmó que Gonzalo salió en libertad el 28 de febrero, y dos días después se fue de Tixtla porque habría recibido una serie de amenazas, y un mes antes sus dos hijos se fueron a la Ciudad de México, por la misma causa, dijo Roberta Campos.

Editorial

Descifrando a AMLO, el justiciero

En la agenda axiológica del presidente Andrés Manuel López Obrador hay un punto nodal: la justicia. Acompañada de un adjetivo, ocupa un lugar preeminente: la justicia social –distributiva, la llamó Aristóteles– es junto con el combate a la corrupción su principal compromiso. Pero eso no quiere decir que no le dé importancia a la justicia “universal”, es decir, a la que se debe otorgar en los juzgados. Y es que ahí también entra en juego el ingrediente clasista, porque al rico y al pobre no se les suele juzgar igual; a uno se le prodiga benevolencia y al otro dureza. Más aún, el entrecruzamiento de ambos tipos de justicia en el pensamiento de AMLO es asaz interesante, pues le asigna un papel central a las corruptelas en el amasamiento de fortunas. En una de sus conferencias mañaneras, en efecto, le enmendó la plana al marxismo al declarar que la acumulación del capital mexicano no viene de la explotación del burgués sobre el proletario, sino de la corrupción. Excesos retóricos aparte, no es aventurado sostener que, para AMLO, deshacerse de los corruptos es parte de la brega contra la desigualdad.

La duda se impone: ¿entonces por qué se empeña en dar amnistía a los políticos que nos saquearon? Las razones que esgrime son pragmáticas; dice que investigarlos le quitaría tiempo y que podrían desestabilizar el país. El argumento no resiste un análisis serio. Ese temor era fundado en la transición a la democracia de Argentina –la frase que AMLO usa a menudo, “el punto final”, remite a la ley que impulsó Alfonsín para amnistiar a quienes participaron en la guerra sucia– porque allá los militares sí tenían la fuerza para asestar otro golpe de Estado. En México ningún expresidente tiene ese poder, y menos frente a un mandatario con la legitimidad y popularidad de AMLO. Específicamente, a Enrique Peña Nieto, cuyos presuntos delitos no han prescrito, no lo defendería ni su partido. Si la mayoría de los votos de AMLO se explican por el rechazo a la corrupción, ¿por qué no quiere acatar ese mandato?

Mucho se ha conjeturado sobre un supuesto acuerdo para que EPN no metiera las manos en el proceso electoral (contra AMLO, porque contra Anaya sí las metió) a cambio de dejar impunes sus pillerías, pero me parece que el principal freno fue un atavismo ideológico. AMLO conserva, como muchos izquierdistas de viejo cuño, un chip marxista que le hace desconfiar de un aparato de justicia diseñado para proteger los intereses de la burguesía. Lo ha dicho con todas sus letras: no vale la pena desgastarse en largos pleitos legales cuando los corruptos tienen muy buenos abogados y pueden comprar a los jueces. Por eso es renuente al ejercicio de la acción penal. Y por eso es proclive al escarnio en la plaza pública o, para actualizar el término, a fustigar con el repudio de las benditas redes sociales a quienes se robaron dinero o elecciones. Ese castigo es expedito, y con él se ahorra la monserga de litigar en un terreno que no es el suyo (quizá debería explorar la figura de los Tribunals of Enquiry, para que en lugar del linchamiento tuitero la sanción fuera el escarmiento mediático precedido de un juicio formal). El problema es que su enfática y madrugadora reiteración del cochinero que encuentra cada vez que abre un cajón del sexenio anterior sólo aumenta la indignación de la gente y su exigencia de meter a los peñanietistas a la cárcel. La transparencia que pregona, pues, aumenta día a día la demanda popular de hacer lo que no quiere hacer.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

SECTUR y CREA pactan para uso exclusivo de la marca México

“No hay fórmulas secretas para el éxito. Es el resultado de tu preparación, trabajo duro y aprender de los errores”: Colin Powell.

Mis estimados, les tengo la primicia ofrecida por el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués. Ya ven que el funcionario anda en busca de patrocinadores que publiciten al país, pues de la dependencia que dirige no sale un peso para publicidad, y en ese contexto firmó un convenio de concertación de acciones con la empresa Creatividad y Espectáculos (CREA), filial de la empresa Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), para que ésta se encargue de organizar las ediciones del Tianguis Turístico en el sexenio y se haga cargo de la participación de México en todas las Ferias.

El pacto entre SECTUR y CREA socorrerá la actividad propagandística del país y de esa forma el gobierno no gastará dinero en la promoción de la marca México, y también van a dejar de hacer el ridículo como el que fueron a hacer a la Feria de Berlín, pues las ferias internaciones en la que SECTUR decida participar serán organizadas y representadas con Creatividad y Espectáculo (CREA).

Ahora, mis estimados, esto no es nuevo, pues esta misma empresa CREA ya llevaba las ferias y los tianguis turísticos con el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que próximamente será liquidado y cuyas tareas quedan a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las embajadas de cada país, según dijo el propio Miguel Torruco.

Sin embargo, el funcionario convino con la misma empresa y dio la exclusividad de la Marca México a Creatividad y Espectáculos por todo el sexenio.

Según Torruco Marqués, el convenio con la empresa CREA, tanto para la organización del Tianguis Turístico como la presencia de México en las ferias internacionales, está basada en autofinanciamiento de la empresa y sin ningún cargo para el erario público; es decir, el acuerdo incluye el uso exclusivo de la marca México en eventos internacionales, como por ejemplo, la Fitur, en Madrid; la Vitrina Turística ANATO, en Bogotá; La Feria de Berlín; el World Travel Market, de Londres; IMEX, en Frankfurt; y la Feria Cinegética en Estados Unidos, entre otras.

Se tuvo necesidad de este convenio, porque apenas son cuatro personas de la SECTUR las que acuden a los eventos, dijo Torruco.

También explicó el funcionario que el objetivo del Tianguis Turístico y de la participación de México en las ferias internacionales, es con el afán de impulsar la promoción y comercialización de los destinos productos y servicios turísticos mexicanos, constituyendo una estrategia que ha logrado un destacado posicionamiento del país como baluarte turístico internacional

Cabe hacer mención mis estimados, que la firma CIE es la encargada de organizar espectáculos como el Gran Premio de México y los partidos de la NFL.

Sin embargo, México perdió el derecho preferencial en la Fórmula 1 para organizar el Gran Premio 2020, luego de que se cumpliera la fecha límite, evento que es organizado en el país por la filial CIE, pero no se concretó porque el gobierno federal destinó los recursos del erario a programas sociales e infraestructura.

El cuadro que nos pinta el secretario de Turismo con la empresa CREA es bonito; sin embargo, viene el pero: Si la filial CIE ya tenía un convenio con el CPTM, organismo al que pronto van a liquidar, ¿para qué darle la vuelta? Hubieran continuado como estaban.

Pero según la filial, CIE tiene mucha experiencia y responsabilidad, por eso la sociedad entre SECTUR-CREA. La pregunta del millón es ¿por qué rompieron el pacto? ¿Porque eran de otro partido los funcionarios?

 Si bien es cierto que pactar con empresas publicitarias que promueven la marca México es bueno, también es verdad que a veces sale más caro el caldo que las albóndigas. Recuerden, que los directivos de la empresa Xcaret propusieron a la SECTUR un organismo similar al CPTM para que se encargara exclusivamente de promover a México ante el mundo y sin ningún cargo al gobierno federal; el recurso iba a salir de la iniciativa privada; no obstante, ni caso le hicieron a los empresarios.

El dicho de Torruco Marqués es priorizar calidad y no cantidad. Pero del Tianguis Turístico 2019 en México, por ejemplo, que tendrá como sede Acapulco y que se desarrollará del 7 al 9 de abril no vemos publicidad.

Apenas esta semana el gobierno estatal y del municipio de Acapulco, comenzaron a hacer lo propio en relación a la seguridad, y a difundir algunos videos promocionales en redes sociales. Pero no vemos ningún tipo de publicidad del gobierno federal.

Lo bueno de todo es que la organización de tan importante evento estará a cargo del CIE, y eso garantiza cierta calidad.

En otro tema, mis estimados, empresarios de Zihuatanejo piden al gobernador que posponga el arranque de la construcción del muelle para después de vacaciones de Semana Santa, ya que dicen que si comienzan los trabajos ahora, al demoler el muelle viejo van a poner en riesgo al turismo que nos visita.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Rebeca Farías Salazar, propuso también que la construcción del muelle pueda iniciar después de la temporada vacacional de Semana Santa, para evitar molestias a los turistas.

“Yo creo que pueden programarse los trabajos para después del periodo vacacional; además, ya esperamos mucho tiempo desde que dijeron que comenzaban los trabajos, ya paso tiempo y tenemos las vacaciones encima. Recibimos muchos turistas que utilizan el muelle principal para trasladarse a Las Gatas, y esto puede afectar sobre todo a los restauranteros y cooperativistas. Pueden aplazar la obra un mes y no afectamos a nadie. Es una propuesta de mi parte y espero que tome en cuenta esto el gobernador Héctor Astudillo Flores”, dijo.

Sin embargo, comerciantes, taxistas y pescadores indican que la obra del muelle ya debe estar trabajando, pues entre más tarde empiecen la obra, más tarde van a terminar y todos queremos que haya muelle para que vengan los cruceros en 2020; esa es la meta y tienen que ir ya a hacer convenio con las navieras para que programen a Zihuatanejo para el próximo año en la temporada. Expusieron prestadores turísticos.

Según el gobernador Héctor Astudillo, en su visita a Zihuatanejo, dijo que la obra comenzaba en unos días; entonces, como dice Farias Salazar, tendrán que adaptarse a trabajar sin un muelle. Pero todos de común acuerdo para que las cosas funcionen.

Es viernes mis estimados, tomen sus preocupaciones con los incendios forestales, ya que están a la orden del día. ¡Feliz fin de semana!

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El programa Prospera, que se llamó Oportunidades en la era panista, y Progresa durante el gobierno de Ernesto Zedillo -que lo creó-, era el más longevo de todas las estrategias de desarrollo social que se tenían en el país.

Nació como un programa de inclusión social, y abarcaba aspectos de salud, educación y asistencia a madres jefas de familia, a fin de garantizar la subsistencia de los más desfavorecidos.

El Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) inició el 8 de agosto de 1997 con una cobertura de 300 mil familias en el ámbito rural. Posteriormente a principios de 2002, ya en el gobierno de Vicente Fox, se atendía a 2.4 millones de hogares, de los cuales, dos terceras partes eran de comunidades indígenas. Ese mismo año, Progresa se transforma a Oportunidades y aumenta su cobertura a los 32 estados del país, alcanzando así los 4.2 millones de hogares atendidos. Los beneficios para las familias aumentaron, ya que las becas educativas, que al principio eran únicamente para educación básica, se ampliaron a educación media superior.

Oportunidades se mantuvo con el mismo esquema durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y en los dos primeros años de Enrique Peña Nieto, fue el 5 de septiembre de 2014, a través de un Decreto Presidencial, que Oportunidades se fortalece y se transforma en Prospera Programa de Inclusión Social, cuyo objetivo es “articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, la generación de ingresos, el bienestar económico, la inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, dirigidas a la población en situación de pobreza, bajo esquemas de corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar sus condiciones de vida y asegurar el disfrute de sus derechos sociales y el acceso al desarrollo social con igualdad de oportunidades”.

Bueno, así decía la publicidad del sexenio que recién terminó. Este programa tan grandilocuente, que fue diseñado como un programa de excelencia y para abatir la pobreza y la inequidad, mismo que ganó premios internacionales y fue copiado por decenas de países, en realidad pronto se convirtió en un nidal de corrupción, simulación e impunidad.

Viene a colación esto, porque los empleados de Prospera anunciaron ayer que perderán sus empleos, porque aunque habrá recontrataciones, ciertamente se hará una selección. Son alrededor de 260 empleados de Prospera los que están en este momento en la incertidumbre laboral, porque al desaparecer el programa desde diciembre, para dar paso a los programas de Bienestar, en todas sus vertientes, obviamente viene una nueva estructura.

¿Cuáles eran los excesos de Prospera, a lo largo de 22 años? Primero, que los empleados eran operadores políticos del PRI o del PAN, lo mismo que las vocales. También, los jefes de las jurisdicciones sanitarias y los directores de clínicas.

Se obligaba a  las beneficiarias a acudir a marchas de la salud, mítines políticos y hasta a votar por un candidato. De no ser así, se le daba de baja.

Muchas quejas hubo en el sentido de que las becas eran condicionadas por la vía política. Había también mucho maltrato de parte de médicos y profesores, así como un férreo control de las vocales. Éstas pedían cooperaciones para alimento y viáticos de los doctores y enfermeras de las clínicas. Y se les amenazaba con quitarles los programas si no cooperaban.

Las vocales afiliaron y protegieron a familiares y amigos que no necesitaban de este programa. Se encontraron en las listas a maestras, a empresarias, a políticas, a dueñas de tres camionetas del año y a miles de familias fantasmas.

Las vocales cobraban por los trámites realizados y hasta viáticos. Los médicos cobraban por certificados de salud de adultos mayores, para evitar una falta, cuando estos estaban hospitalizados o enfermos en su casa. También corregían faltas a cambio de un apoyo económico.

Miles de familias, de las más pobres, fueron dadas de baja por no tener dinero para pagar cien pesos para eliminar una falta. Los apoyos económicos no llegaban o ya llegaban con moche, se quedaba con los intermediarios. Se les decía que en este mes no llegaron los recursos, o que nomás había llegado la mitad, pero era cobrado por otros.

Había una descarada retención de apoyos, y los beneficiarios perdían en promedio dos meses cada año. Mediante bajas falsas por varios meses, sus apoyos eran robados, en complicidad con empleados de Bansefi.

Se obligaba a sus beneficiarias a realizar trabajos denigrantes y peligrosos, tales como el aseo dentro de la misma clínica, recoger placentas, limpiar vómito, heces fecales, objetos punzocortantes y áreas de aislado, sin capacitación, sin guantes ni mascarillas. Las obligaban a hacer limpieza de calles con el sol encima; o limpieza de ríos sin botas ni guantes.

Se estima que este programa se utilizó para el desvío de recursos, hurtando más en municipios con más pobreza. Hoy, todo esto está desmantelado.