SOS COSTA GRANDE

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El Senado de la República está retomando, por fin, el proyecto de legalización de la amapola. Aunque con tres años de retraso como mínimo, desde que el gobernador Héctor Astudillo Flores hizo la propuesta al Congreso federal, para que la amapola fuera legalizada con fines medicinales, para surtir al mercado de la medicina en la producción de analgésicos, los senadores de todos los partidos coincidieron en señalar que ya no se puede cerrar los ojos a la realidad que está golpeando a amplias regiones del país.

Al inaugurar el foro “Regulación de la amapola: retos y perspectivas”, el senador priísta Miguel Osorio Chong, y uno de los aspirantes a dirigir el PRI, fue el que trajo el tema a colación, al que se sumó el senador por el PRD, Miguel Ángel Mancera.

“No es momento de huir y darle la espalda a temas de interés nacional, pero que su legalización debe evitar consecuencias graves, como ha ocurrido con la marihuana en Estados Unidos, donde quienes tienen la facilidad de adquirirla han subido un escalón al consumo de otras drogas más lesivas, como el fentanilo”, expuso.

Desde luego que hay riesgos, y de ahí la importancia de una legislación rigurosa, como la que hizo Canadá con la marihuana, o como Uruguay, facilitando la participación de empresas y negocios privados, tanto en la producción como en la distribución para su consumo, y sometiéndolas a una rigurosa supervisión de diversas dependencias del Estado, sobre todo la de Salud –para asegurar que los productos que se ofrecen al público consumidor sean de calidad.

Pero esto sería sólo en el caso de que la despenalización sea generalizada, porque la propuesta que hizo el gobernador Astudillo va en el sentido de que se facilite la producción de amapola con fines medicinales, para surtir un vastísimo mercado mundial para la producción de analgésimos potentes, para ayudar a los enfermos terminales a tener una calidad de vida menos crítica.

Esto, obviamente, llevaría a México a una batalla internacional por meterse en un muy reducido padrón de países productores de amapola, y además procesarla, pero que de lograrlo se abriría un filón económico muy importante para el país y para Guerrero, que de algún modo se ha convertido en la meca de la amapola del país.

Cabe decir que Guerrero no es el único estado productor de amapola, sino que lo secunda Oaxaca, y también estados del norte del país.

Para darnos una idea de lo que está en juego, el Informe 2016 México Monitoreo de Cultivos de Amapola, señala que el área mínima de cultivos en el país era hace tres años de 21 mil 500 hectáreas, fluctuando a valor medio de 24 mil 800 hectáreas y un valor alto de 28 mil 100 hectáreas.

Consideremos también que la amapola es de los llamados cultivos de ciclo productivo transitorio, que representa hasta tres cosechas potenciales al año.

El senador por MC, Dante Delgado, fue más allá al señalar que la prohibición de las drogas que se producen en México ha estado basada mucho más en criterios político-electorales, que en la realidad imperante, por lo que indicó que es tiempo que se retome este asunto sin prurito político.

Incluso la ONU la estableció criterios para el debate y análisis de regular la producción de estupefacientes, si bien todavía mantiene la exigencia de su control y erradicación. Esto porque ya parece algo generalizado en el mundo y muchos países ya se adelantaron en la apertura, para poder controlar el mercado que en este momento está en poder de grupos que se mueven al margen de la ley.

“Está más que claro que para combatir la industria de la droga, el camino no es poner más balas sobre la mesa, México es el mejor ejemplo de que la guerra contra las drogas es el fracaso más contundente y doloroso. La única salida pasa forzosamente por la legalización, protegiendo la salud pública y regulando su distribución para evitar delitos”, expuso Delgado Ranauro.

Veremos si los senadores realmente se pondrán de acuerdo en este asunto, o harán lo que sus antecesores, que prefirieron encarpetar el tema, para no perder votos en la elección presidencial, que finalmente terminaron perdiendo.

Editorial

Emilio Lozoya Austin bajo la mira de AMLO

La amnistía tiene sus límites: los procesos judiciales que iniciaron antes de la actual administración continuarán su curso. Así lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Un caso que es emblemático es el de la empresa Odebrecht, el cual, excepto en Venezuela y en México, tuvo consecuencias penales para muy altos funcionarios y políticos latinoamericanos.

La administración actual se halla impedida para dar la espalda a este escándalo: la investigación está terminada, los culpables han sido señalados, el expediente cuenta con una tonelada de pruebas, varias de las acusaciones no han prescrito y el daño, tanto al erario nacional como al sistema electoral, sería notorio. 

Mientras en otras naciones decenas de políticos, funcionario y hasta presidentes caían por el caso Odebrecht, en México –afirma Santiago Nieto– sólo dos cabezas rodaron desde la cúspide: la suya y la del procurador Cervantes. 

Y paradójicamente ocurrió así porque hicieron bien su trabajo: durante la investigación realizada, la FEPADE confirmó que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, recibió en cuentas propias, o de personas morales en las que él estaba de algún modo relacionado, alrededor de 16 millones de dólares (más de 300 millones de pesos) por parte de Odebrecht.

Estos depósitos se habrían realizado entre el 2010 y el 2014, de acuerdo con declaraciones de Marcelo Odebrecht, antiguo CEO de la empresa que lleva el nombre de su familia. Según testimonio de ese mismo personaje, las aportaciones a favor de Emilio Lozoya habrían tenido como objetivo patrocinar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, a cambio de obtener jugosos contratos por parte de su gobierno. 

En diciembre de aquel año Emilio Lozoya recibió la dirección de Pemex y existe evidencia de que Odebrecht fue una empresa beneficiada durante su gestión. 

En su libro Sin filias ni fobias (Grijalbo, 2018), Santiago Nieto reconoce que, con las pruebas existentes, faltaba muy poco para demostrar el ingreso de recursos ilegales a la campaña presidencial de Peña Nieto. 

Sin embargo, fue justo en ese tramo de la investigación donde, de golpe, Cervantes presentó la renuncia y su sucesor corrió al fiscal responsable del caso. 

Esta es la breve historia del primer capítulo en la investigación mexicana sobre la corrupción de Odebrecht. 

El segundo capítulo está todavía ocurriendo: siete meses después de que Nieto fuera despedido, el candidato presidencial de Morena para las elecciones de 2018 lo invitó a sumarse a su campaña y, una vez que obtuvo el triunfo, le ofreció que se hiciera cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. 

El gesto político no puede pasar desapercibido: el fiscal que fue responsable de investigar a Lozoya es ahora el encargado de perseguir los casos más relevantes de corrupción a partir de los movimientos financieros realizados por antiguos y actuales funcionarios.

La expectativa presidencial pareciera clara: Lozoya será uno de los primeros casos de corrupción que López Obrador enfrentará con todo el peso de la ley. 

A menos que un evento extraordinario e impredecible ocurra, este año caerá Lozoya.

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