(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
ya tiene la aprobación del Congreso de la Unión para instituir la Guardia
Nacional, pero no como él la proyectó, sino todo lo contrario. Va esta nueva
corporación de seguridad, pero con un mando civil total. De hecho, entre los
requisitos que tendrán que cumplir los mandos de dirección estará el de no
formar parte del Ejército y la Marina, y que todos los elementos de las Fuerzas
Armadas que pasen a la Guardia Nacional, sean civiles.
La oposición en el Senado de la República impuso finalmente
su criterio, y desde la noche del miércoles los líderes de las bancadas de los
partidos con representación en la Cámara Alta, aglutinados en la Junta de
Coordinación Política, modificaron en el escritorio la minuta que había sido
aprobada en comisiones, según la cual la Guardia Nacional tendría un mando
mixto.
El pasado lunes, se recordará, en comisiones se aprobó que
la el mando administrativo de la Guardia Nacional fuese civil, a cargo del
titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y que además tuviera un mando
operativo, a cargo de una junta de gobierno integrada por jefes militares,
conforme ya lo habían aprobado los diputados federales.
Sin embargo, representantes del PRI, PRD, PAN, MC, Verde y
otros partidos se aglutinaron en un frente para evitar lo que ellos dijeron era
la “militarización de la seguridad pública en México”, esto pese a que los
gobernadores de todos los partidos pedían con urgencia la aprobación de la
Guardia Nacional y estaban de acuerdo en el modelo mixto propuesto por el
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien busca a toda
costa que la Guardia Nacional sea un instrumento
útil y no la reedición de la Policía Federal Preventiva.
Recordemos que fue durante el gobierno de Ernesto Zedillo
cuando se creó la Policía Federal Preventiva, con elementos de la Sedena, con
atribuciones de seguridad pública federal. Vicente Fox continuó con esta misma
estrategia y creó la Secretaría de Seguridad Pública, desconcentrada de la
Secretaría de Gobernación, modelo que adoptó el presidente Felipe Calderón. Con
este último, sin embargo, ya era evidente que la Policía Federal era
insuficiente para enfrentar la multiplicación de los grupos delincuenciales, y
sacó el Ejército a las calles, en un modelo mixto de operación, y
posteriormente hizo lo mismo con la Marina. Al tiempo que lanzó una nueva ley
de seguridad pública e instituyó con urgencia el sistema de certificación policial
para corregir las deficiencias de las policías estatales y municipales.
Definitivamente el modelo de Calderón fracasó por los dos
frentes, por reticencia de los gobernadores y los alcaldes. Al final de su
mandato, el país terminaba con caso 200 mil muertos y 30 mil desaparecidos, y
un modelo de seguridad costoso pero inoperante.
Enrique Peña Nieto, por su parte, prefirió nadar de a
muertito y desmanteló la red de seguridad que ya se había creado, a través de
retenes militares. Esto para dar la idea de que las calles ya eran seguras. Dos
años de esta política de avestruz metió al país en un pozo aún más profundo, y
los crímenes se multiplicaron.
Con estos antecedentes, AMLO decidió no entretenerse en la
certificación policial, y entrar de lleno al combate de las razones de la
inseguridad, creando la Guardia Nacional, con un perfil militar y dependiente
directamente de la presidencia de la República.
A los estados y municipios se les dejó en paz, pero con la
exigencia de que continúen a su ritmo los procesos de certificación, dejando a
los gobernadores la titularidad de los grupos de coordinación.
Da el caso que esta premisa no se cumplió. La bancada de
Morena en el Senado hizo lo que pudo para salvar el proyecto. Es así que con 8
modificaciones a la minuta de la Cámara de Diputados, nace la Guardia Nacional
pero como un organismo civil, y aceptando únicamente una “coordinación
interinstitucional” con las Fuerzas Armadas.
Según el documento aprobado, “el presidente podrá disponer
de las Fuerzas Armadas durante cinco años, pero deberá hacerlo bajo parámetros
de convencionalidad (normado, subordinado, complementario y fiscalizado) y
deberá informar de sus actividades al Senado”.
Entre los controles institucionales, que el Senado analizará
y aprobará, se encuentra la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los
informes anuales de la Guardia Nacional, donde se incluirá la actuación
extraordinaria de las Fuerzas Armadas. También destaca el fortalecimiento de
las capacidades policiales de estados y municipios, con inversión de estados y
federación, así como evaluación de metas.
En materia de leyes secundarias, se establecen reformas a
las leyes del Sistema Nacional de Seguridad pública, de la Guardia Nacional, a
la Nacional de Uso de la Fuerza y a la Ley Nacional del Registro de
Detenciones.
Respecto al fuero, se acordó no reformar el Artículo 13 Constitucional,
de manera que los elementos de la Guardia Nacional estarán sujetos a la
jurisdicción civil.
