Pablo Raphael
Una semana antes de la desgracia, un grupo de
soldados que custodiaba los ductos de Pemex en la zona de Tlahuelilpan,
Hidalgo, fue agredido por huachicoleros. Tres elementos del Ejército fueron
retenidos contra su voluntad y 72 horas después los criminales liberaron al
último.
Desde 2014 hay reportes de seguridad que
refieren a la banda criminal que administraba las tomas clandestinas en esa
región. La comunidad sabe que su base no está en Tlahuelilpan, sino en la
población vecina de Teltipán de Juárez.
Entre los líderes huachicoleros destacaba
Julio César Zúñiga Cruz, apodado por sus compañeros como La Parka. Se trata del
mismo sujeto que, 24 horas después del incendio, fue baleado en la carretera
Mixquiahuala-Tlahuelilpan y murió antes de llegar al hospital.
Sería ingenuo suponer que no hay vínculo
entre los tres eventos: el secuestro de soldados, el incendio de la toma
clandestina y el asesinato de Zúñiga Cruz. Sin embargo, no existe todavía
información suficiente para ligar, en una narrativa comprensible, los elementos
que explicarían la tragedia responsable de segar una centena de vidas
humanas.
Rubén Salazar, consultor en seguridad para
asuntos energéticos de Etellekt, señala que el robo de combustible en los
ductos de Pemex no es un hecho nuevo: hay registro de tomas clandestinas desde
que se instaló el ducto que se extiende de Tuxpan a la refinería de Tula.
Sin embargo, es a partir del año 2004 cuando
el robo hormiga se transformó en un negocio ligado a los grandes cárteles del
crimen organizado. En Hidalgo, concretamente, fueron Los Zetas –encabezados en
ese momento por Heriberto Lazcano Lazcano, alias El Lazca–, quienes escalaron
en volumen y sofisticación este negocio criminal.
Los Zetas contrataron a pequeños grupos
locales para que robaran el combustible y luego se hicieron cargo de
comercializarlo a granel.
Subraya Rubén Salazar que, hacia 2009, el
gobierno de Felipe Calderón compartió con las autoridades de 400 municipios los
planos de los ductos de Pemex por donde fluye el combustible. El propósito, se
dijo, fue sumar a ese ámbito de gobierno en el combate contra los
huachicoleros.
¿Inocencia o perversidad? Después de esa
decisión, los planos de esos ductos cayeron en las manos equivocadas. Las
empresas criminales dedicadas al robo y comercialización de hidrocarburos
compraron predios y construcciones adyacentes a los tubos para potenciar, con
mayor comodidad, el hurto.
Gonzalo Monroy, experto de la consultora GMEC,
advierte que, al principio, el combustible robado se revendía entre
transportistas que requerían volúmenes grandes de diésel o gasolina, pero a
partir de 2014 la población civil también decidió adquirir el combustible
ilegal, debido a la diferencia de precios.
“¡Vamos por la gasolina de a diez!”, cuenta el
reportero Alejandro Torres Castañeda, de Noticiario Retrovisor, que convocaba
la gente de la región. El ahorro de ocho o nueve pesos por litro de gasolina no
es argumento menor, sobre todo en épocas de dificultad económica.
El negocio de combustible robado se volvió aún
más jugoso y masivo en los últimos cuatro años. El gobierno de la República
asegura que, sólo en 2018, fueron extraídos ilegalmente más de 60 mil millones
de pesos en combustible, lo cual implicaría que, durante la última década,
Pemex sufrió pérdidas aproximadas por 250 mil millones de pesos relacionadas
con esta forma corrupta de extracción.
Mientras esto ocurría, germinaron las pequeñas
organizaciones responsables del robo hormiga a lo largo de la geografía por
donde corren los ductos de la paraestatal. Lo mismo en Nopalucan de la Granja
que en Palmarito, Puebla, en Acambay, Estado de México, o en Mixquiahuala, o
Teltipán de Juárez, en Hidalgo.
Las bandas recolectoras del huachicol no son
las responsables de vender el producto al mayoreo, porque esa es tarea de los
cárteles grandes. Se añade, en este contexto, la pugna por el territorio de la
criminalidad que han emprendido esas empresas de talla mayúscula.
La región donde se encuentran las poblaciones
de Tlahuelilpan, Mixquiahuiala, Teltipán y Tula sufre hoy en día la disputa
violenta entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los antiguos
Zetas.
Hasta el fin de semana de la tragedia, el
grupo criminal que controlaba el tramo preciso del ducto que hizo explosión
estaba bajo las órdenes de una banda cuyo centro de operaciones está en
Teltipán de Juárez. Y, en efecto, Julio César Zúñiga Cruz, alias La Parka, era
una de las cabezas de esa organización local.
Fuentes reporteriles de Tula informan que dicho
sujeto habría participado en el secuestro de los soldados ocurrido la semana
previa al accidente, hecho que lo colocó bajo la mira de autoridades y
enemigos, incluso antes de que sucediera la tragedia.
Pero Zúñiga Cruz no era el único líder
huachicolero de la región, ni su asesinato desmantela el negocio o las
operaciones de la organización para la cual trabajaba. El sujeto es una mera
hebra del extenso tejido empresarial detrás del robo de combustible en la zona
de Tula.
Afirma el presidente municipal de
Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz Frías, que en su pueblo la gente no es
huachicolera, y tiene razón: los huachicoleros viven y despachan en Teltipán de
Juárez y, excepto a Zúñiga Cruz, hasta el día de hoy a nadie más le ha sucedido
nada.
La credibilidad en la lucha contra el control
del territorio que tienen las grandes organizaciones del crimen organizado
depende en este momento de la manera como el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador atienda la crisis de Tlahuelilpan.
Dejar las cosas como están en términos
criminales, aunque se repartan apoyos sociales al por mayor, sería una
simulación.
Desmantelar la banda de Teltipán de Juárez que
secuestró soldados, provocó la fuga del ducto de Tlahuelilpan y controla la
región de Tula es un mandato que la realidad impuso como ineluctable.
