¿Estamos en
guerra?
Raymundo Riva
Palacio
El formato de
una conferencia de prensa donde diariamente habla con su tono monótono y largas
pausas, acompañadas de su discurso descontextualizado y con medias
abstracciones, impidió dar total dimensión a lo que dijo el presidente Andrés
Manuel López Obrador el martes pasado. El gobierno, como lo describió, está en
guerra contra el crimen organizado. Lo dejó ver al revelar que el lunes hubo
sabotajes a la mayoría de los ductos de Pemex, que lograron ser neutralizados
por la rápida acción de los trabajadores de Pemex. ¿Qué significa esto?
En primer lugar,
si existió un ataque a todos los ductos en el país, plantear que hubo una
acción coordinada de los cárteles mexicanos, que están involucrados en el robo
de combustible, es más que una conjetura. Es cierto que pudo haberse tratado de
una coincidencia, pero dada la escala del ataque que se sufrió, en el contexto
en el que suman días de sabotajes salteados en el centro del país, la hipótesis
de una embestida concertada habría que revisarla. En segundo lugar, si los
trabajadores de Pemex actuaron rápidamente para neutralizar los sabotajes,
significa que se encuentran en estado de alerta máxima, pues de otra forma no
podrían haber reaccionado con la prontitud suficiente para impedir el sabotaje.
Los trabajadores de Pemex no están actuando solos; cuentan con el respaldo y la
protección permanente del Ejército y la Policía Federal.
La falta de
información tras lo que dice el presidente no permite tener en cierto nada,
salvo trazar las líneas generales de lo que está sucediendo en este país, donde
la cruzada contra el huachicol, que afecta un negocio que el año pasado generó
siete millones de dólares por hora –seis veces más que el intercambio comercial
fronterizo entre México y Estados Unidos-, ha generado reacciones. Pero
precisamente en este punto es donde se necesitan clarificaciones porque hay
contradicciones entre lo que dice el presidente y la dialéctica de los cárteles
de la droga, que tienen en el huachicol un redituable negocio alterno.
En primer lugar,
la alianza que sugiere la afirmación del ataque en un solo día a “la mayoría”
de los ductos de Pemex. Esto revelaría que los enemigos a muerte, que están
librando batallas en varias plazas del país, Los Zetas y el Cártel Jalisco
Nueva Generación, los que más intereses tienen en ese delito, negociaron una
tregua para enfrentar la cruzada anti huachicolera lanzada por López Obrador.
No hay ningún indicio, sin embargo, de que esto pueda ser cierto, que revelaría
una mente más política que criminal. En todo caso, esto lleva al segundo punto,
que es el estado de alerta en todas las instalaciones estratégicas de Pemex.
Describir
someramente la alerta nacional para proteger ductos e instalaciones estratégicas
de ellos, es un contrasentido. Por definición, el mejor ecosistema en el que se
desenvuelven los cárteles es el estable, sin violencia, para que puedan
realizar su negocio sin alteraciones ni afectaciones. Ningún cártel calienta
su propia plaza, porque sería suicida para sus operaciones. Si los
sabotajes fueron a “la mayoría” de los ductos, ¿porqué Los Zetas y el Cártel
Jalisco Nueva Generación pudieron haber decidido ir en contra de sus propios
intereses?
Las utilidades
son las que definen a los cárteles, no sus estrategias políticas para retar un
gobierno. Entre menos enfrenten a la autoridad, mejor. Para eso las corrompen o
amenazan, y cuando no lo logran, su prioridad es no desatar la furia del Estado
contra ellos, porque entienden que es algo que no pueden resistir. Las
organizaciones criminales que se dedican al robo de combustible, dentro de la
lógica del negocio ilícito, mantienen los flujos de hidrocarburos para poder
succionarlo de los ductos y venderlo, por lo que no es creíble que en un cambio
por completo de filosofía delictiva, sean los responsables de dañar su propia
fuente de ingresos multimillonarios por un arrebato contra el gobierno.
López Obrador
dijo en su conferencia del martes que “los grupos que tienen el negocio y que
no dejan de hacerlo nos sacaron de operación la mayoría de los ductos, nos los
pincharon, provocaron fugas, en algunos casos peligrosas, nos sacaron de
operación cuatro veces el Salamanca-Guadalajara y el Tuxpan-Azcapotzalco que ya
habíamos logrado estabilizar”. Una vez más: ¿los dos cárteles actuaron
concertadamente para lastimar a un gobierno, pero sobre todo, para afectar sus
actividades delictivas? No tiene mucho sentido.
Los cárteles no
realizan sabotajes a las fuentes de sus ingresos. Quienes hacen sabotajes en
ductos, como lo hizo en 2007 en tres estados el Ejército Popular Revolucionario, son los grupos
armados. El sabotaje busca afectar el aparato productivo o los bienes de
producción, que es propio de movimientos políticos, no de organizaciones
criminales que quieren lo contrario. El presidente no piensa lo mismo. Es la
delincuencia organizada, resistiendo la cruzada contra el huachicol la que
presiona y amenaza, afirmó. Sin embargo, no hay información concreta de ningún
jefe criminal, que esté siendo investigado por el robo de combustible. Las
investigaciones son contra ex funcionarios, políticos y empresarios. ¿Por qué
reaccionarían los capos de las mafias si no se sienten perseguidos? Ni siquiera
en el discurso presidencial ha habido referencias directas a ellos.
La guerra contra
el crimen organizado lanzada por el presidente López Obrador es muy opaca en
este momento y necesita clarificaciones. El punto de partida es el
desdoblamiento de lo que dijo el martes en Palacio Nacional. Necesitamos
saberlo para entender el tipo de guerra que enfrentaremos los mexicanos, si es
frontal contra las bandas criminales, o si es aquella indispensable para
construir consenso para gobernar.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa